Desde que la facturación electrónica entró en vigor de manera obligatoria a principios de 2014, las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) y los pequeños negocios se han beneficiado de múltiples maneras. De entrada, en la reducción de costos y espacio que implicaba hacer facturas en papel, pero también en recursos de tiempo por la facilidad y rapidez de las soluciones digitales.
Gracias a la factura electrónica, las pymes tienen mayor control sobre el manejo de sus recursos financieros, mediante la simplificación del registro de sus ingresos y egresos, es más fácil controlar la documentación de compras y ventas de la empresa.
Aunque para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) representa una medida recaudatoria más eficaz, el esquema ofrece ventajas a los negocios pues tienen una mayor certeza del manejo de sus finanzas y eliminan el riesgo de ser víctimas de fraudes con facturas falsas o robo de identidad fiscal.
Con las facturas físicas, por ejemplo, las pequeñas empresas y personas físicas con actividad empresarial se exponían a que un contador o un impresor hiciera un mal uso de su información. Sin embargo, las diversas soluciones que proporcionan los Proveedores Autorizados Certificados (PAC) una vez que el contribuyente se adapta a su uso, son más fáciles, rápidas y seguras.
La función del PAC es garantizar que el Certificado Fiscal Digital por Internet (CFDI) o facturas electrónicas generados por los contribuyentes, tengan folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y asegurarse de su validez.
A nivel nacional las comprobaciones apócrifas ha disminuido y el comercio informal poco a poco irá desapareciendo a medida que los comerciantes se adapten al nuevos esquemas y se den cuenta de que la formalidad económica les conviene.
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